NOTA PEC 19
La nota de Política Económica es elaborada por el equipo del Conversatorio de Política Económica del Departamento de Economía de la Universidad de Santiago de Chile, dirigido por el profesor Víctor Salas Opazo, con Sebastián Cuellar Pedreros, como coordinador de ayudantes de Investigación; y Sebastián Cárcamo, Víctor Porma, Cristian Román, como ayudantes de investigación.
noviembre 2022
Introducción
El país está viviendo una especial situación económica, estamos iniciando un estancamiento económico, lento, pero que seguramente se manifestará con mayor fuerza a fines de este año y, a lo menos, durante el primer semestre de 2023. No se ha superado el peligro de recesión, estamos viviendo una profundización del estancamiento de nuestra economía, cuyo IMACEC de septiembre fue -0,4% cayendo respecto del IMACEC del año pasado y, en octubre, también fue negativo: -1,2%, tasa inferior a la esperada (alrededor de 2%), pero que igual indica un incremento en la caída, aunque la serie desestacionalizada haya tenido valores positivos (0,5%). A la vez, estamos viviendo un fuerte proceso inflacionario, iniciado en julio de 2021, que a octubre 2022 alcanzó a 12,8% anualizado. Resultados que afectan al desempleo y los salarios reales de la economía chilena.
El desempleo, que había caído a 7,19% en diciembre 2021, se instaló en 7,8% a partir de marzo, conservando esos niveles durante casi todo el año, con una leve tendencia a aumentar, a 8%, en septiembre 2022, tasa que se mantiene en octubre. Según el FMI, Chile será el único país de América Latina y el Caribe en presentar una caída del PIB, este pronóstico se suma a las proyecciones del Banco Central de Chile, que para el 2023 prevé que caeremos entre el 0 y 1 %. Este hecho se verá reflejado en la tasa de desempleo de Chile para el próximo año, todo indica que seguirá subiendo. Asimismo, los salarios reales, que venían creciendo en los últimos años han comenzado a disminuir, cayendo 2,3% en el mes de septiembre 2022, hecho que también se ve reflejado en el aumento en la distancia entre el Índice de Remuneraciones real y Nominal, cuya varianza se ha comportado de forma creciente, en el sentido se salirse de su rango de fluctuación histórico (2016-2021) entre septiembre de 2021 y septiembre de 2022.
En esta NOTA PEC se presentan y analizan los datos del desempleo y del salario, dos importantes variables que afectan la vida familiar de los chilenos/as y sin dudas estarán, lamentablemente, muy presentes en la coyuntura nacional en el futuro cercano.
1. Mercado laboral en Chile.
Inactivos, Ocupados, Desocupados
La población inactiva, ocupada y desocupada alcanza en septiembre 2022 a 6.490.980, 8.843.540, 773.190 personas respectivamente.
En particular, son dos los cambios relevantes observados en el mercado laboral durante los últimos tres años, caracterizados por la ocurrencia del estallido social y pandemia. La población inactiva da un salto importante a partir de marzo de 2020, aumentando desde menos de 6 millones de personas a más de siete y medio millones. A su vez, la población ocupada cae de nueve a siete millones de personas entre marzo y mayo de 2020, aunque actualmente está bastante cerca de llegar a los niveles prepandemia. Respecto de la población inactiva, desde su incremento a comienzos del año 2020, se ha mantenido en niveles superiores a los de prepandemia, configurando un problema de normalización del mercado laboral chileno.
Figura 1. Mercado Laboral chileno, enero 2019 a septiembre 2022. (Eje izquierdo en MM de personas, y Tasa de desempleo en eje derecho en %.)
Tasa de desempleo
La tasa de desempleo durante estos últimos años alcanzó niveles históricos el 2020, llegando en julio a un 13,09% interanual, nivel que no se registraba desde la crisis de 1982. Desde el estallido social, comenzado en octubre 2019, la tasa comienza a escalar y se ve potenciada por la llegada de la pandemia a partir de marzo de 2020. Si bien durante el último año la cantidad de personas desocupadas ha mostrado un comportamiento relativamente estable, las variables que pueden estar explicando el desajuste del factor trabajo, son la disminución de la población ocupada y el aumento de la población inactiva, esto debido principalmente al miedo de las personas por contagiarse de COVID-19 y las cuarentenas y restricciones adoptadas por la autoridad del país para enfrentar la pandemia. A esto también se podría sumar el efecto que tuvieron las medidas de aumento de liquidez, como los retiros anticipados desde las AFPs, y las transferencias directas que ejecutó el gobierno, en la mantención del ingreso normal de las personas, en una situación en donde no estaban empleadas o produciendo, afectando con esto, tal vez, su incentivo o
interés en el mercado laboral.
Buscando explicaciones del desempleo, el INE descompone la categoría de inactivos en tres subcategorías, iniciadores, inactivos potencialmente activos e inactivos habituales, que utiliza en la estimación de un indicador como la tasa SU3 (Desocupados + Iniciadores disponibles + Inactivos potencialmente activos) / (Fuerza de trabajo + Iniciadores disponibles + Inactivos potencialmente activos), que se podría denominar “tasa de desempleo potencial”. Para la construcción de este indicador el INE toma a las subcategorías de iniciadores disponibles e inactivos potencialmente activos. La SU3 desde el trimestre móvil de enero de 2020 empezó a subir fuertemente, llegando a su punto máximo durante el trimestre móvil de julio de 2020 en una tasa de 30,2%. Crecimiento que reconoce el traspaso de activos a inactivos, pero en un carácter de ser población que está disponible para trabajar y que en realidad se retira mientras observa que existen pocas posibilidades de encontrar un puesto de trabajo. La SU3 logra estabilizarse a finales de 2021 y actualmente se encuentra en torno al 15%, tasa relativamente similar a la de principios de 2019.
Figura 2. Tasa combinada de desocupación y Fuerza de trabajo potencial (SU3)
Informalidad laboral
El trabajo informal, es una forma precaria de trabajo que tiene un alto componente de inestabilidad personal y social. Su existencia puede generar una serie de externalidades negativas tanto a corto como largo plazo, entre ellas el uso indebido de espacios públicos para realizar actividad comercial, el no pago de impuestos de esas actividades, la competencia desleal con el mercado formal, los potenciales problemas previsionales a futuro y, por ende, crisis sociales, entre otros.
Actualmente, octubre 2022, la tasa de informalidad se encuentra en 26,7% (2.393.242 personas), la que sin embargo es algo menor respecto al periodo preestallido social y pandemia (28,5% aproximadamente). En la pandemia se aprecia una disminución del empleo informal, por las restricciones a la movilidad que dictó la autoridad sanitaria. De todas formas, se hace notar que tasas de empleo informal de este nivel requiere atención de políticas públicas para reducirlas. En este sentido, desde el gobierno anterior, se viene impulsando un IFE laboral con el objetivo de apuntalar el empleo, en concreto el empleo formal, sin embargo, el ajuste ha sido lento respecto a la actividad productiva. Si bien, también se ha impulsado el salario mínimo, el aumento del IPC prácticamente ha dejado sin efecto la medida, ya que, el salario real en el último año ha comenzado a disminuir respecto del periodo prepandemia.
Figura 3. Tasa de informalidad, en porcentaje.
Ocupados Ausentes y Seguro de Cesantía
Dada la previsible crisis económica que desataría y desencadenó el COVID-19, en los últimos casi 3 años, la autoridad se enfocó en proteger la salud de la población y mitigar su disminución en la calidad de vida. En este contexto, el Congreso aprueba el proyecto de Ley de Protección al Empleo (LPE), que entró en vigor el 6 de abril de 2020.
El trabajador podía acogerse a esta ley, en caso de ocurrir las siguientes situaciones: Por decreto de autoridad las actividades de la empresa debían suspenderse; por pacto entre trabajador y empleador de suspender temporalmente el contrato de trabajo; y por reducción de jornada laboral.
Esta ley permitió que el número de ocupados ausentes aumentara durante el año 2020, básicamente, porque el INE contabilizó a los trabajadores que se acogieron a la ley por decreto de autoridad y por pacto, como ocupados ausentes, debido al criterio de que aún seguían percibiendo ingresos o ganancias.
Entre 2010 y mediados de 2019, los ocupados ausentes con sueldo o ganancia no superaban en promedio las 15 mil personas, mientras entre el segundo semestre de 2019 y 2022, esto cambió producto del estallido social y de la pandemia y la aprobación de la Ley de Protección del Empleo, llegando en abril del 2020 a las 301.110 personas (siendo que en marzo habían sido 46.678). Pero, fue en junio 2020 el mes en el cual hubo más ocupados ausentes de esta categoría llegando a las 604.612 personas. Claramente, cuando los trabajadores acogidos al plan de protección de empleo son registrados en la categoría de “ocupados ausentes” esta categoría recoge el impacto del estallido social y de la pandemia sobre el empleo, mostrando los altos niveles de desocupación que vivió el país y que aún permanecen altos si se comparan las cifras de septiembre 2022 con las de marzo de 2019 (46 mil personas), que aún son 12 veces superiores a las históricas, indicando que todavía el mercado del trabajo está en proceso de normalización.
Figura 4. Cantidad y tasa de participación de ocupados ausentes
Como los ocupados ausentes con sueldo o ganancias son tratados como personas cesantes, se debe tener presente que los ingresos o ganancias que percibían estas personas eran subsidios de cesantía, provenientes de sus propios ahorros en su cuenta individual del seguro de cesantía y que de no contar con estos ahorros podían acceder al Fondo de Cesantía Solidario (el cual los cubría por cierta cantidad
de meses, dependiendo de su tipo de contrato). Entonces, los ocupados ausentes están incluidos entre los cesantes que solicitan subsidio de cesantía, pero no todos los cesantes lo hacen.
Se observa en los datos históricos de los beneficiarios del seguro de cesantía que desde enero del 2018 a julio del 2022 existe una primera alza marcada en junio del 2020, cuando se pasa de un total de beneficiarios de 219.488 personas a 290.784, cifra que aumenta principalmente por los beneficiarios del fondo de cesantía solidario, el cual pasa de 16.067 a 78.882. Posteriormente tiene pequeñas fluctuaciones hasta la marcada en agosto cuando se pasa de 287.588 personas a 567.027 en septiembre. En este caso en particular tanto los beneficiarios del seguro individual de cesantía, seguro solidario y mixto se ven incrementados pero los que tiene un alza más considerable son los primeros, quienes pasan de 149.011 en agosto a 385.425 en septiembre.
Esta alza se puede atribuir al incremento de la tasa de desocupación producida por el shock durante la pandemia, en donde se aprecia que en el trimestre mayo-julio fue de 13,1% y en el trimestre julio septiembre llegó a 12,3%, la siguiente gran alza se da en marzo de 2021 donde la tasa de desocupación alcanzo un 10%, también se debe a la promulgación de la ley 21.263 que flexibiliza transitoriamente los
requisitos para el acceso al seguro y aumenta el monto de las prestaciones (subsidio de cesantía), esta ley fue extendida hasta enero del 2022 en la ley 21.312, fecha en la cual, como se puede notar se vuelve a valores similares (peticiones de subsidios de cesantía) a los que se tenía en prepandemia.
Figura 5: Relación entre el total de monto entregado (eje izquierdo) y el total de beneficiarios de seguros de cesantía (eje derecho).
2. Salarios en Chile y costo de vida.
Salarios reales en una relativamente fuerte caída
El costo de vida en el país ha aumentado considerablemente en 2022 y es una de las principales problemáticas que preocupa a los chilenos y chilenas, la inflación a octubre continua sobre los dos dígitos (12,8% anualizada) y es un punto que preocupa y afecta a toda la población.
El IPC general, luego del máximo de agosto (13,1% anualizado), ha comenzado a decaer levemente en los meses posteriores (septiembre y octubre), datos tomados en cuenta por el Banco Central que en noviembre 2022 anunció el fin del alza de la tasa de política de monetaria (TPM) que está en un alto nivel de 11,25%.
El principal efecto que produce la inflación en el país es la pérdida de poder adquisitivo del dinero y, correspondientemente, de las remuneraciones de las/los trabajadores, básicamente porque los sueldos de la gran mayoría de la población del país no se van ajustando según las variaciones del IPC que recoge las alzas de los precios de los bienes y servicios que se consumen, por lo que, durante los últimos meses los salarios, en términos reales, han estado disminuyendo.
Los salarios nominales en el país, generalmente han mostrado una tendencia positiva de mediano plazo. A su vez, se observa, en la Encuesta Suplementaria de Ingresos, ESI del INE que el salario promedio en 2021 fue de $681.039, y la mediana fue de $457.690, aunque se sigue observando una brecha salarial de género, porque el salario promedio de un hombre es de $749.046 y de una mujer de $586.178.
Sin embargo, los salarios reales muestran una tendencia declinante desde noviembre de 2019 en adelante, mes siguiente al estallido social en Chile que tuvo grandes efectos negativos sobre la actividad productiva y el empleo (el IMACEC de octubre 2019 cayó en 4,3% y el de noviembre fue de -3,4%). Tendencia negativa del salario real que prosiguió desde marzo 2020 en adelante, por las cuarentenas aplicadas para protegerse de la Pandemia del COVID-19, que hacen culminar ese año con un PIB de -6,0% y que se profundiza más aún por la fuerte inflación que se comienza a expandir a partir de julio 2021 y llega este año 2022 a niveles de dos dígitos, anualizada. En septiembre de 2022 las remuneraciones reales muestran una disminución de 2.3%, anualizada.
Figura 6: Evolución mensual del índice real de remuneraciones y la inflación. Enero 2016 a septiembre 2022.
Fuerte aumento del valor de la Canasta básica de alimentos en 2022
La canasta básica de alimentos ha presentado un considerable aumento desde los meses finales de 2021. En la figura siguiente se aprecia como la curva de la variación respecto al mismo periodo del año anterior presenta una notable pendiente positiva, comenzando el año con una variación de 4.89% respecto a enero del 2020 y un valor de $50.985, en junio del 2021 sube su valor a $56.386 con una variación de 17,93% y finalmente el último registro con el que se cuenta es octubre del 2021 donde la canasta alcanza su valor máximo de $61.393 y una variación de 22,911% anualizada. En promedio, la variación de cada año de la canasta entre el 2016 y 2021 se encontraba alrededor del 6,89%, mientras que la inflación tenía un promedio anual de 3,03%, pero el año 2022 presenta un promedio de 16,56%, esto indica que en el último año la canasta ha sufrido un incremento realmente significativo en comparación a los años anteriores. Todo indica que en los próximos meses la variación va a continuar siendo positiva, pero no tan elevada como en el último tiempo, lo que dependerá también del comportamiento futuro de la inflación
de los precios internacionales de los productos que la componen, como el trigo, cuyos valores permanecen altos, siendo necesario importar alrededor del 54% de lo requerido para producir el pan que consume la población del país, anualmente.
Figura 7: Evolución canasta básica de alimentos e IPC 2016-2022
Política de Salario mínimo
Desde agosto que el sueldo mínimo aumentó a $400.000, esto acorde a la Ley 21.456 publicada el 26 de mayo de 2022 en el Diario Oficial. El salario mínimo desde febrero de 2019 a la fecha ha aumentado en $112.000, es decir, un 38,8%, sin embargo, en términos reales este aumento es solo de un 4%.
El incremento del salario mínimo viene acompañado por un reajuste en el subsidio al sueldo mínimo para las MyPymes, el cual pasará de $22.000 a $26.000, de esta manera se amortigua el costo de mano de obra de las MyPymes, las cuales abarcan casi al 70% de la población que recibe el salario mínimo.
Junto con el salario mínimo el Estado realiza un aporte para financiar la compra de una Canasta Básica de Alimentos por parte de las familias más vulnerables. El aporte es un monto entregado a las familias para compensar el alza de los precios, que se paga desde el 1 de mayo del presente año, hasta abril del 2023 y se entrega en beneficio de los y las causantes de las familias con Subsidio Familiar y Asignación Familiar o Maternal, por lo tanto, el beneficio lo reciben cerca de 3,1 millones de chilenos, lo que significa un gasto fiscal del orden de los MMM$35.
Comentarios Finales
Si bien, los salarios nominales han experimentado un importante ajuste en los casi últimos 4 años, la fuerte alza del IPC durante el periodo de reactivación (desde mediados de 2021 y todo 2022) está dejando sin efecto la medida. En este marco, el gobierno ha debido generar políticas de complemento de ingreso salarial para incentivar el trabajo formal y recuperar en parte el ahorro privado perdido durante los retiros de fondos previsionales. No obstante, esta política será de carácter transitorio y su evolución probablemente este anclada a la evolución del efecto de la política fiscal y monetaria.
El shock provocado por la pandemia del COVID-19 sigue impactando el ciclo económico que vive Chile y el mundo actualmente. Luego de atravesar por la fase de crisis en 2020 y la fase de reactivación en 2021, en 2022 las autoridades han luchado por seguir mitigando el impacto de los shocks de oferta nacional y extranjera de bienes de consumo, ocasionados por el ajuste de inversión ante la llegada de la pandemia (expectativas de recesión) y aumento de liquidez producto de retiros programados de fondos previsionales y gasto fiscal no focalizado, que desajustaron fuertemente el equilibrio con la demanda. Además, se sumó el factor externo de la guerra de Rusia en Ucrania que elevó el precio de materias primas y alimentos en 2022.
El ajuste al equilibrio macroeconómico por medio de política monetaria contractiva (alza de la TPM) está generando costo en el ajuste del empleo a sus niveles de prepandemia, y también en un IMACEC negativo, sin embargo, el Banco Central ha anunciado el fin del ciclo de alzas de la TPM. Por otro lado, la inflación ha disminuido continua, pero levemente, en septiembre y octubre. Las expectativas del Banco Central y Hacienda para 2023 son de un crecimiento entre -1 y 0%, por lo que, la prioridad de la autoridad debiese ser focalizar el gasto en los sectores más rezagados y coordinar esta política con la misión principal del Banco Central de mantener la inflación en el rango de 2 y 4%, todo esto con la finalidad de que en 2024 (o bien, lo antes posible) el país logre pasar a una situación de normalidad
macroeconómica y social.
Empero se debe considerar que el deterioro de la economía chilena opera en conjunto con el hecho de que la situación internacional sigue igualmente negativa y los Bancos Centrales de USA y la Zona Euro están subiendo sus TPMs y, por consiguiente, también sube la tasa de interés de esos países o alianzas, con lo que se espera un estancamiento para 2023: USA caería de 1,6% en 2022 a 1,0% en 2023) y la EuroZona caerá más fuertemente, de 3,2% a 0,5%. Estimaciones del FMI que, junto al estancamiento de China, llevarán a la economía mundial a una contracción desde 3,2% en 2022 a 2,7% en 2023. Lo peor es que esta caída del PIB mundial no necesariamente inducirá una caída de la inflación a nivel internacional,
fenómeno que también nos acompañará a nivel nacional el próximo año.
